Análisis del proyecto de LUC en seguridad

Uruguay enfrenta serios desafíos en materia de seguridad. Los abordajes para enfrentar los problemas de violencia y criminalidad desarrollados en las últimas décadas (aumento de penas, de cárceles y de recursos policiales) han demostrado ser ineficientes para revertir el crecimiento constante de los principales delitos (homicidio, rapiña, hurto y violencia doméstica).

Nuestro sistema penitenciario ha crecido de forma desproporcionada, y con casi 12.000 personas privadas de libertad (PPL) y una tasa de prisionización de 328 PPL cada 100.000 habitantes, Uruguay ocupa el lugar 29 entre los países según este último indicador1, y el segundo lugar entre países sudamericanos. A ello se añaden aproximadamente 5.300 personas adultas que cumplen medidas alternativas a la privación de libertad, 581 adolescentes privados/as de libertad, y 433 cumpliendo medidas no privativas. A excepción de los indicadores relativos a adolescentes, los restantes han crecido casi ininterrumpidamente año tras año desde el retorno a la democracia. Adicionalmente, nuestra fuerza policial también ha crecido desproporcionadamente, y actualmente alcanza una tasa de 421 policías cada 100.000 habitantes, muy por encima del promedio regional de 368 policías cada 100.000 habitantes. Sin embargo, los delitos no han dejado de crecer. 

Estas cifras exponen la incapacidad del modelo de gestión de la seguridad que ha predominado en nuestro país para solucionar el problema de la violencia y la criminalidad. Las sucesivas administraciones de gobierno (conservadoras y progresistas) han apostado por la expansión del estado penal para resolver este problema. Ello, acompañado por discursos punitivistas enunciados y reproducidos desde múltiples sectores sociales, han redundado en:

a. Legitimación de prácticas judiciales orientadas al castigo y al aumento de penas, en oposición a la flexibilización de la condena y a vías alternativas a la privación de libertad;

b. Policialización de la seguridad, que ha colocado a la policía como el principal agente de intervención estatal sobre la violencia y el delito, en oposición a abordajes multisectoriales que asumen estos problemas como fenómenos multicausales que requieren soluciones integrales, y que promueven abordajes con una lógica de protección social, cuidado y acceso a oportunidades;

c. Aumento del volumen de PPL y deterioro de las condiciones de vida dentro del encierro, en paralelo al debilitamiento de alternativas a la prisión, como el cumplimiento de penas en comunidad, justicia restaurativa, etc.

El crecimiento del estado penal y su condición punitiva, ha sido legitimado públicamente una y otra vez por nuestro sistema político. Con la cooperación del grueso de los medios de comunicación y las cámaras empresariales, ello ha redundado en la expansión de un sentir social punitivo, escéptico frente a alternativas orientadas a la reducción del castigo (en particular de la cárcel), la despolicialización de la seguridad, y la participación activa de los organismos públicos de protección social en la agenda de seguridad. Sin embargo –y paradójicamente–, son estas alternativas las que cuentan con mayor evidencia empírica a su favor en cuanto a su efectividad para reducir el delito, garantizar el acceso a derechos de personas socialmente excluidas en el sistema penal, y reducir el gasto público en materia de seguridad.

El proyecto de Ley de Urgente Consideración (LUC) impulsado por el gobierno, profundiza el desarrollo del estado penal, y por lo tanto supone serios riesgos en materia de seguridad y convivencia.

Frente a esta situación, un grupo de activistas, especialistas e investigadores/as especializados/as en seguridad ciudadana, nos organizamos para analizar y discutir el proyecto de LUC, y explorar alternativas al modelo de seguridad predominante en nuestro país. Partimos de una posición antipunitivista, es decir, criticamos el supuesto infundado de que mecanismos orientados al castigo y el endurecimiento de las penas constituyan soluciones viables para abordar asuntos de seguridad. En este sentido, rechazamos medidas orientadas al aumento de penas, la policialización de la seguridad, el aumento del sistema penitenciario, la criminalización de los sectores vulnerados de nuestra sociedad, y posturas similares que conducen a un aumento del estado penal.

El resultado de esta discusión es este documento, que contiene una evaluación crítica del proyecto en cuatro dimensiones: 1) Normativa penal y procesal penal; 2) Policía; 3) Sistema penal adolescente; y 4) Sistema penitenciario.

El documento tiene un perfil crítico y propositivo, y concluye con una serie de recomendaciones en estos cuatro niveles, que proponen insumos hacia una agenda de seguridad democrática en Uruguay.

Esperamos que este documento sirva de apoyo a la discusión colectiva por parte de organizaciones sociales y partidos políticos no sólo de la LUC, sino del modelo de gestión predominante en nuestro país.