Desiguales ante la ley

 

Hace unos días el semanario Brecha informaba que Nelson Calvete, gerente de Cambio Nelson, fue trasladado a prisión domiciliaria para terminar de cumplir su condena. Según su abogado, esto se debe a que sufre de diabetes severa. Mientras leés esto, este hombre está en su casa, seguramente con calefacción, probablemente tranquilo y mirando la televisión. Sí, porque pudo pagar un abogado.

Unos días antes, un hombre en la ciudad de Salto se robó una bolsa de morrones para venderlos a 5 pesos cada uno puerta a puerta, y fue procesado con prisión. Mientras leés esto, éste hombre está en la cárcel. Comiendo rancho, bañándose con agua fría, durmiendo en un espacio reducido junto a más personas de las que debería. Sí, por una bolsa de morrones.

Una vez más queda evidenciado que la justicia opera distinto según quién esté en el banquillo de los acusados.

El sábado pasado, 8 de Julio, se cumplieron siete años del incendio en la cárcel de Rocha. En este incendio, provocado por la situación de hacinamiento del establecimiento, murieron 12 personas. Uno de ellos tenía 19 años y estaba preso por tratar de entrar un porro a la cárcel. El caso del incendio está archivado y la justicia no pudo encontrar responsables.

Frente a situaciones de la magnitud de una bolsa de morrones o un porro, donde los culpables son pobres, tienen abogados de oficio y poco capital social, la justicia es efectiva, rápida y severa. No hay dudas sobre las culpas y los castigos: merecen pasar años de su vida en la cárcel. Una cárcel que, todos sabemos, no permite nada parecido a la idea de rehabilitación, sino que aísla a los distintos, los peligrosos, para que el resto, los ciudadanos de bien, podamos seguir viviendo nuestras vidas sin saber que ellos existen.

Ahora, ladrones del nivel de Nelson Calvete están tranquilos cumpliendo la condena en su casa, a pesar de que sus crímenes implicaran premeditación, encubrimiento, miles de dólares y cientos de víctimas. Es posible que salgas a la calle y te cruces al policía que nunca abrió la reja cuando 12 presos se estaban quemando vivos en la cárcel de Rocha. Que encuentres al Goyo Álvarez paseando a su perro y a cientos de militares torturadores caminando libremente, muriendo impunemente mientras otros siguen buscando a sus hijos y nietos. También andan por ahí los Peirano, después de llevar a la desesperación a buena parte de uruguayos. No sólo no fueron investigados, sino que siguen siendo ciudadanos respetados cientos de líderes comerciales y políticos con empresas de dudosa legalidad vinculadas a los Panama Papers. También continúan su vida como si nada los Manhard, quienes se comprobó que tenían trabajo esclavo en su casa (sí, esclavos). Pero éstos sujetos encarnan algo que al parecer no es peligroso, ni merecen estar aislados ¿cómo definimos entonces lo peligroso y lo justo? ¿cómo tomamos que personas con amplia capacidad de elegir opten por lo ilegal, lo inmoral, lo inhumano?

En un trabajo reciente, Corti y Trajtemberg (2015) discuten el fundamento moral de la pena: ¿por qué castigamos?, analizando dos vertientes, el utilitarismo (castigamos porque sirve, en este caso como instrumento para corregir conductas), y el retributivismo (castigamos porque el ofensor lo merece por hacer lo que hizo, por dañarnos como sociedad). En este sentido, castigar nos une como sociedad, el dolor del delincuente es nuestra recompensa como buenos ciudadanos por no delinquir.

Quizá esto explique el odio vertido por muchos hacia los delincuentes. Sin embargo, en una sociedad del éxito, entendido como opulencia y consumo, no podemos evitar notar que ese odio se expresa de forma virulenta hacia algunos , y es condescendiente moral (y jurídicamente) con otros.

Se difumina un poco entonces la idea de la justicia, de la ley y hasta del castigo. Pareciera que no es la ley la que se protege, sino algunos intereses específicos de poblaciones muy concretas y privilegiadas. No es el crimen lo que se juzga, sino la persona que lo comete.

Algún mal pensado podrá convencerse de que es todo parte de un ciclo perfectamente planificado, donde quienes ostentan el poder se protegen entre ellos y hacen que nos culpemos entre nosotros, asegurándose para siempre su posición de privilegio. Ellos definen lo peligroso, lo castigable, lo inmoral y lo feo. Y nunca, nunca, se encuentran de ese lado.

No es que nos moleste más una bolsa de morrones que miles de dólares. No es que sea más grave querer entrar un porro a la cárcel que traficar esclavos. Es que la justicia no es una sola. En la cárcel no entran ricos.

La biblia dice que los pobres son bienaventurados, porque de ellos será el reino de los cielos. Y es claro, porque la tierra no les pertenece. Acá tienen que pedir permiso, perdón y buenas noches. Mientras que los poderosos, los dueños del plano terrenal, lo toman todo a su paso y no conocen consecuencias. Sus delitos y sus violencias no merecen el mismo castigo, o si creemos que lo merecen lo callamos, porque es preferible tenerlos de amigo.

En su libro “Castigar a los pobres” Löis Waqcuant establece que los Estados actuales viven tres transformaciones: amputan su brazo económico, retraen su brazo social, y amplían su brazo penal. Así se transforman en “Estados centauros”, reforzando las libertades de los pudientes, mientras pisotean los derechos de los desposeídos.

Así seguimos entonces. Castigando una y otra vez a los mismos. Cuando hacen, cuando no, cuando más o menos. Nos llenamos de orgullo y nos golpeamos el pecho al saber el trabajo cumplido. Uno más en la cárcel. Sumamos otro a la lista interminable de nombres escondidos, apretados, humillados. Es más fácil de esa manera, hacerse cargo barriendo abajo de la alfombra. También ayuda a marcar el terreno, que todos sepan quién manda y quién obedece. Quién se muere en la cárcel por no recibir tratamiento y quién se queda en su casa por diabetes.

Es un hecho que la discusión sobre la violencia y la necesidad de justicia se ha instalado en la sociedad, en la televisión, en las redes. Sin embargo, el grueso del debate sigue centrado en hacer justicia multiplicando el castigo a los mismos sujetos, aquellos que nos interpelan desde la marginalidad. A más de una década de exigir lo mismo (venganza) y de aplicar las mismas políticas (cárcel), de forma selectiva, parecen claras dos cuestiones. La primera es lo curioso de que nuestro discurso aparentemente libre, coincide con los intereses de los más poderosos, y solo mira al eslabón más débil de la cadena ¿Es eso justicia? Nosotros, por lo menos, no queremos eso. La segunda es que debemos ser conscientes que el castigo que exigimos ha perdido su velo de utilidad y ha dejado en nosotros la mera vendetta. Si queremos vivir sin violencia, si queremos justicia, es por otro lado.

Foto: Video de convocatoria al Debate Nacional de Seguridad y Convivencia

Libros citados:

Corti y Trajtemberg (2015) en Bardazano, G., et. alt. , Discutir la cárcel, pensar la sociedad, Trilce, Universidad de la República, Montevideo.

Wacquant, L. (2010), Castigar a los pobres. El gobierno neoliberal de la inseguridad social, Gedisa Editorial, Barcelona.