¿Qué valor tiene una vida?

Domingo 16 de Julio, 2017

“En la tarde del domingo 16 de julio, cuatro jóvenes de entre 14 y 19 años, entre los cuales se encontraba Anthony Da Silva, fueron a la plaza ubicada al costado del Centro Comercial y “Cívico” Costa Urbana, San José de Carrasco, Ciudad de la Costa.

Como era habitual, algunos de ellos practicaban skate por las tardes, aprovechando de los pocos lugares al aire libre y espacios que quedan para recreación y pasa tiempo de los jóvenes por la costa.

En un momento se acercaron a la puerta del lado sur -entrada del shopping-, ya que Anthony y un amigo querían subir al baño.

Como suele pasar, en el arbitrario “derecho de admisión”, -decimos “arbitrario”, ya que no existen normas con criterio claros sobre el mismo, así como tampoco se entiende la naturaleza de este centro que por un lado se denomina “cívico”, por estar ubicadas allí diversas oficinas de entes públicos, y por el otro locales comerciales de carácter privado, siendo que aún así debería permitirse el ingreso a todo el público al estar ubicado en un mismo edificio- Uno de los jóvenes tenía prohibido el ingreso al lugar, por lo que debió esperar en la puerta de abajo junto otro quien era hermano de Anthony.

Cuando Anthony y su amigo bajaron, se encontraron con que los guardias de seguridad, pertenecientes a la empresa “Securitas”, tenían contra el piso a los otros dos jóvenes que esperaban abajo. Les estaban pegando.

Alrededor y custodiando la escena había otro guardia, ostensiblemente más fornido, pelado; trataba de evitar que otros jóvenes que por allí se encontraban, se metieran, así como calmar al público presente que clamaba por la liberación de los chicos y el cese de las golpizas.

Anthony y su amigo intentaron detener la agresión, siendo la respuesta de uno de los guardias empujar a Anthony y presionarlo con lo que comúnmente se denomina “llave” en el pecho contra el piso. Ante esta situación, los jóvenes comenzaron a gritarles a los guardias que lo suelten porque Anthony tenía un marcapasos y problemas cardíacos, que lo podían matar.

Minutos después, sale otro guardia de adentro del shopping quien ordena a gritos a los otros dos que los suelten, en respuesta a lo cual cesan las golpizas, acto seguido se escabullen hacia el interior del centro comercial.

En este ínterin, Anthony se aparta un poco de la escena y se acerca a una escalera. Se nota en él una actitud extraña; comienza a tener dificultades para respirar. Un testigo de la situación intenta hablarle pero no le responde. Poco a poco se va desvaneciendo y algunas personas que se habían congregado allí cerca llamaron al 911 pidiendo una ambulancia. El joven toma una pastilla y tira el blíster al suelo. Luego comienza a convulsionar y pierde la consciencia, quedando tirado en el suelo. Poco a poco se va poniendo su cara azulada.

Su hermano le hizo respiración boca a boca siendo inútil.

Paradójicamente en lugar de una ambulancia, a los pocos minutos llegó la policía de la Seccional 18 de Lagomar, (dos patrulleros, una camioneta y motos del PADO). Cuando los funcionarios policiales se acercaron, un testigo le manifiesta a una de ellas que se había pedido una ambulancia; que eso es lo que hacía falta, pues el chico se estaba muriendo allí. Ella contestó con soberbia que “las ambulancias no asisten si no es por accidente de tránsito”, siendo esto una total falacia ya que es de público conocimiento que la policía tiene comunicación directa con los centros de salud, y que son estos quienes tienen que intervenir primero en estos casos. Aún peor sabiendo que dentro de dicho centro “cívico” y comercial hay servicios de salud, como por ejemplo CASMU.

Otros cuatro policías tomaron el cuerpo de Anthony, cada uno de una extremidad, y lo llevaron, cabeza colgando hacia el suelo, hasta la camioneta; lo subieron al asiento trasero “como quien tira una bolsa de papas” y un funcionario policial viajó sentado en cuclillas encima suyo, dándole cachetadas en la cara intentando reanimarlo, camino al Hospitalito ubicado en Solymar.

Luego los efectivos policiales toman declaraciones a los testigos, hacen papeleo y se retiran.

Pero allí no acabó la pesadilla. Anthony fue trasladado al Hospitalito de la Costa, mientras a su hermano y a su amigo los trasladaron al Pereira Rossell, argumentando que en dicho centro de salud no habían pediatras que pudieran atenderlos.

En el Pereira Rossell, con la información policial se elabora un primer informe médico sobre las lesiones de los dos jóvenes que allí fueron trasladados. El informe va a ser modificado por la Médica que lo elaboró, en respuesta a que una persona adulta allegada a ellos que allí se apersonó le manifiestara a la especialista que los jóvenes fueron golpeados por guardias de seguridad. Por esta causa, la médica solicita pase a forense, y entrega dicho informe a la mencionada, pese a que el efectivo policial presente quisiera impedirlo siendo apretada contra la pared y amenazada por el mismo.

Luego de esto, un sin fin de irregularidades, entre las cuales:

Sin disposición judicial alguna, a los dos jóvenes trasladados al Pereira Rossell, les hicieron pasar toda la noche en la Seccional 18 y de ahí fueron trasladados al INAU, sin que les sea puesto en conocimiento a ninguno de sus familiares. A quienes posteriormente le abrieron un expediente de infracción para desviar la “atención” de lo realmente sucedido.

Que se les tome indagatoria bajo estas mismas condiciones.

También que pasaran 48 hs. para que la familia de Antony se entere de su muerte.

Que de buenas a primeras no les dejaran ver el cuerpo a sus familiares. Que luego de insistencias les permitan verlo y que noten que tiene marcas en el cuello.

Que no se sepa nada del informe del forense.

Que securitas le pagó el sepelio a la familia de Anthony.

Que las noticias de canal 12 se adelantaron a decir, al otro día de lo sucedido, que la muerte fue por causas ‘naturales’.”

Fuente: https://www.facebook.com/EspacioPermanenteAntirrepresivo/photos/a.153183665239746.1073741828.152165158674930/173611479863631/?type=3&theater

Esta noticia llegó a mí vía Whatsapp. Data del mes de julio del corriente año. A medida que la iba leyendo, no podía acreditar lo que esas líneas expresaban. O sí, quizá ‘veía venir la mano’ porque el relato se iba tornando conocido para mí; ya me enteré de un suceso así en otras oportunidades y me generó el mismo desagrado de saberme ciudadana uruguaya, joven, mujer.

En este caso no estamos citando referencia a un femicidio, ni a un abuso hacia el género femenino, sino otro tipo de abuso, de poder, y enfocado en los jóvenes menores de edad.

Este tipo de delito tiende a ser naturalizado bajo la lupa del estigma por los medios de comunicación (en general, los noticieros) que dan cuenta de los sucesos como si se tratara de algo positivo, que merece aprobación de la población toda, inclusive dejando en evidencia el mal proceder ético y humano de las fuerzas policiales del país.

Lo escribo y nuevamente la idea de rechazo resuena en todo mi ser. ¿Cuánto valor tiene una vida? ¿Algunas personas valen más que otras? ¿Por qué existe el derecho de admisión? ¿Qué significa?

¿Qué miedo feroz y tramposo nos impide obrar bien por un otro? ¿Quién establece la orden para pautar la diferenciación entre los seres humanos? ¿Qué hay de normal en ejercer violencia sin ninguna razón aparente? ¿Cómo es que se pide una ambulancia y llega un patrullero? ¿Qué cortocircuitos de comunicación, de derechos humanos y de sumisión soberana estamos teniendo para no poder frenar las injusticias? Y si mañana Anthony se pasa a llamar “el hijo de la vecina”, “el sobrino de mi amiga”, “el padre de una criatura”, ¿vamos a seguir dejando que lo desaparezcan así? Porque si hay algo tácito y expreso en todo esto, es que en democracia están pasando cosas que no deberían, están pasando cosas que quedan escondidas, están pasando cosas que salen a la luz dos meses después y por una red social, están pasando cosas que a alguien no le debe convenir que nos enteremos que pasan; pero están pasando igual y las debemos llamar por su nombre: delito, abuso de poder, muerte inducida.

Él puede ser ‘uno más’ (y del cual obtuvimos indicios de su situación) pero cuidado, porque era único e irremplazable.

Que la costumbre no nos convierta en seres neutrales, que lo que nos incita a pelear y defender por ello no nos venza ante la amenaza de una mal llamada «fuerza de seguridad»; ya que todo lo que nos otorga está muy lejos del concepto de seguridad, protección, contención y respeto. Más bien se acerca a la violación y nulación entera de la persona, decimos violación porque cuando no hay otra alternativa que «acatar las órdenes», la voluntad individual no está obrando allí, existe una noción de temor colectivo que en cuanto se ve tambalear ante algún aparente sujeto externo y extraño a lo ‘esperado’, zaz, todo el peso de la balanza se desliza automáticamente hacia él y aquí es donde debemos prestar especial atención. Habitan problemáticas mucho más profundas y reales detrás de estos acontecimientos que las meramente lucidadas por cualquiera que lee, ve, escucha o vivencia la escena.

Son mecanismos que no me animo a denominar, pero que son simplemente una puerta, una muestra de acciones que presenciamos día a día, en un partido de fútbol, en una plaza en Paysandú, en la puerta de un boliche cuando dicen ‘vos podés entrar pero tu amigo/a no’ y, sin ir más lejos, en el vecino país suceden a menudo entramados con personas inocentes, que poco tienen que ver con la ley, o con algo que «respalde» el accionar violento hacia un joven que solamente, por su característica de juventud, es tildado como ofensivo, nocivo y del que recomiendan apartarse; no sea cosa que denuncie el trato que le brindaron y salgan – una vez más – a la luz, verdades que jornada tras jornada, nos callamos con los ojos vendados.

Catalina Saibene